Pensar más allá: cuando al Estado no le importan los ciudadanos

La escena es tan kafkiana como silenciosa. Un funcionario en camisa de rayas aparece sellando un supermercado gigante. Su mano izquierda ondea un reloj Apple mientras le da el toque final con su otra mano al cartel “CERRADO POR LA DIAN”. Se muestra tímido pero satisfecho. Horas después, sale el director de la DIAN a congratularse en redes sociales: “cerramos por 3 días el supermercado Jumbo”. Algunos usuarios celebran, hay fotos con Policía, proclaman que “la Ley es para todos”, los medios difunden la historia haciendo prácticamente copy-paste del comunicado, y yo me empiezo a hacer preguntas sobre una sociedad emproblemada.

Me pregunto si estos maestros del autoengaño son conscientes de lo que implica cerrar un supermercado con bienes perecederos (¡pescado y las frutas!) durante 3 días por un tema de factura electrónica. Luego me pregunto por qué no impusieron mejor una multa, porque la alternativa está dada. En seguida me pregunté por la situación de los proveedores, de los prestadores de servicio dentro del Jumbo (el del café, el de los relojes, etc.), los empleados y clientes del supermercado, que llevan del bulto al final. Sus costos transaccionales se disparan, su incertidumbre crece, pero eso no es problema del burócrata desconectado de la realidad. Nada mejor que no estar involucrado en el problema de ‘otra gente’.

Es en ese momento en el que me pregunto si somos conscientes de lo que le cuesta a una sociedad no pensar más allá, más allá del legalismo-formalismo, más allá de la satisfacción ilusoria del corto plazo, más allá de nuestras propias limitaciones cognitivas, más allá del show mediático del populismo. Hace un tiempo publiqué un artículo que hacía una pregunta, ¿es la ley absurda igualmente ley? (absurda lex, sed lex?). Todos sabemos que la respuesta rápida es sí, pero son los ciudadanos informados e inconformes los que ponen el grito en el cielo y dicen: “Un momento, algo está mal en la Ley; algo está mal en la forma en que el Estado abusa de lo que hacemos”.

Aclaremos la situación del supermercado: el problema nace por la Factura Electrónica (FE), en sí una innovación importante de hace unos años. Me parece maravilloso que exista y que crezca la transparencia, pero el negocio lo cierran por presuntamente violar una Ley (2155/2021). Básicamente, si Juan compra algo por debajo de 212.060 pesos, le pueden dar un tiquete del sistema P.O.S y no FE, pero Juan puede exigir la FE, así sea menor el valor. Ahora imaginen que a Juan el supermercado le pone trabas para expedirle la FE. Efectivamente hay un problema que conllevaría consecuencias. Pero esta última es cerrarle en la cara el supermercado a Juan, que merca ahí con su familia. La DIAN pensará: mira, Juan, vamos a castigar a Jumbo. Pero no piensa, caramba, Juan, es verdad que tú compras cosas ahí, y que ahí adentro venden ciruelas, leche fresca, camarones, queso, pescado. Embarrada, Juan. Es incómodo para mi entrar en esta conversación, ponerle la mano en el altísimo hombro a la DIAN y en el de Juan, para decirles que la situación de Juan es irrelevante para el funcionario, que, en su proceso de autoengaño satisfactorio, realmente imagina que está haciéndole bien a la sociedad mientras se pudren las tilapias y las fresas. Basta ver el comunicado de prensa de la DIAN, desconectado de la realidad, legalista, enredado y seco.

Por supuesto que hay que hacer cumplir la Ley (así sea absurda a veces); “es su trabajo”, y la “DIAN no escribe las leyes”, pero en su discrecionalidad, puede decidir no hacerle daño al consumidor y a los proveedores, que no tienen la culpa. Elegir la multa sería más sabio, pero ahí no está mi discusión. Si pensaran más allá, podrían simplificar la regulación, introducir innovaciones para reducir, no aumentar los costos de las empresas, que al final se transmiten al consumidor. De innovación es difícil hablarle a la administración actual; uno recuerda rápidamente que dejaron botado el proyecto de renovación de software de aduanas, que por temas de interpretación y parálisis propia de un gobierno irresponsable que enreda con palabras y decepciona con hechos, sigue desactualizado.

Ahora volvamos la discusión algo más dolorosa que los camarones dañados del fallido ceviche de Juan. Recordemos que, en países latinoamericanos, los impuestos difícilmente se gastan bien. Colombia es un excelente ejemplo de las ‘culturas del malgasto público’. Se contratan tarimas, camionetas más grandes para egos incontrolables del populismo, y cuántas cosas más. Esa es una de las tragedias de una sociedad que no quiere pensar más allá. Pero podemos hacer la diferencia.

Columna original publicada en Revista Semana Nov. 6 de 2023. Link